Castigado por dialogar

Si alguien mantenía alguna expectativa respecto del aporte que pudiera hacer en este período el Socialismo Democrático para lograr acuerdos en temas de urgencia nacional, ya sería tal vez hora de que siguiera el consejo del Dante en las puertas del infierno y abandonara toda esperanza.
No otro es el mensaje tras la decisión adoptada por la bancada de ese sector en el Senado -integrada por parlamentarios del PS, el PPD y el Partido Liberal- al haber sacado al senador Pedro Araya (PPD) de la estratégica comisión de Constitución. El ejecutor de la medida, el senador Juan Luis Castro (PS, jefe del comité), usó expresiones como "incomodidad" por las actuaciones "solitarias" de Araya: eufemismos para referirse a lo que es simplemente un castigo. Una sanción, para ser más específicos, por haber consensuado con el oficialismo un texto de reforma constitucional sobre seguridad pública.
Al acuerdo también concurrieron otros dos senadores de oposición, Karim Bianchi e Iván Flores, pero Bianchi es independiente y Flores pertenece a otro comité y además milita en una DC donde las posiciones son disímiles, de modo tal que la mano punitiva del Socialismo Democrático no alcanza a llegar hasta allí. Araya, en cambio, lleva tiempo marcando diferencias con algunos de sus compañeros de comité, lo que ya se vio durante la discusión de la Ley de Reconstrucción, en que incluso alcanzó un acuerdo con el ministro Quiroz respecto de la invariabilidad tributaria, en el que también participaron otros dos senadores PPD, pero del cual los tres terminaron bajándose en medio de desinteligencias con Hacienda y de presiones del resto de la oposición. Ello, aunque, paradójicamente, el fondo de lo acordado se mantuvo y -según muchos expertos- perfeccionó esa ley.
Ahora, en tanto, lo consensuado en materia de seguridad pública también representa una mejoría sustancial respecto de la cuestionable reforma constitucional inicialmente presentada por el Gobierno -el que incluso aceptó retirar su propio texto- y hasta incorpora ideas de otros senadores de oposición. Nada de eso, sin embargo, parece constituir mérito en el actual momento de la izquierda. Aunque han pasado solo siete meses, parecen mucho más lejanos los tiempos en que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se mostraba abierta a buscar acuerdos con el Gobierno y desautorizaba a su correligionaria Cicardini cuando esta pedía la renuncia de Quiroz. Hoy, en un momento en que la expresidenta Michelle Bachelet ha asumido de facto el liderazgo de la oposición, no hay, al menos en el socialismo, espacio para matices. Lo que impera es la ideología de la unidad y su contracara: el castigo -con manu militari - para quien se aparte de la regla.
Cabe observar, por otra parte, que la medida aquí adoptada se basa en atribuciones que el reglamento del Senado otorga a los jefes de comité y cuyo ejercicio no ha estado exento de polémicas. Una reforma política que -impulsada en su momento por el exministro Elizalde- el Congreso despachó hace algunos días refuerza aún más esas facultades e incluye explícitamente la posibilidad de que un comité imponga sanciones a sus miembros. Tal vez el episodio Araya sea una advertencia para los parlamentarios más dialogantes de la oposición respecto de cómo serán tratados cuando esa normativa entre en vigencia.