Empresas tecnológicas al banquillo

Indemnizaciones millonarias han debido asumir las grandes empresas tecnológicas luego de ser acusadas de engañar en el resguardo de los datos personales, de afectar la salud mental de los niños y jóvenes, y de crear adicciones y otras consecuencias dañinas para los usuarios. Lo que comenzara como voces de advertencia ha derivado en procesos de judicialización que incluso han obligado a testificar al fundador de Meta, Mark Zuckerberg, sobre los efectos en la utilización de plataformas como WhatsApp, Instagram y Facebook.
Escudadas en su condición de plataformas -lo que las eximía de responsabilizarse por sus contenidos- y en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe toda limitante a la libertad de expresión, las compañías tecnológicas habían logrado sortear las recriminaciones que surgían en cuanto a los riesgos derivados de su uso. Sin embargo, la apelación a normas relativas a la protección del consumidor y de menores está obligándolas no solo a indemnizar a quienes se sienten afectados, sino también a introducir resguardos en su funcionamiento. La demanda a OpenAI por la entrega de datos médicos peligrosos y por perjudicar a niños y a personas vulnerables indica que la ofensiva judicial recién comienza.
En esa línea, expectación causó el fallo de un tribunal en Estados Unidos que condenó recientemente a Meta al pago de 25 mil millones de dólares por engañar a los usuarios sobre la protección de sus datos personales. El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que utilizó sin consentimiento datos de usuarios de Facebook para difundir publicidad política. La elevada cifra correspondería al gran número de afectados y se destinaría a la educación pública. Anteriormente, la empresa había llegado a un acuerdo tras una indemnización de 18 mil millones de dólares con representantes de más de 40 estados y otros territorios norteamericanos, quienes exigieron también aplicar controles en las plataformas. Meta ha condicionado el pago del total a que TikTok e Instagram también introduzcan métodos de resguardo sugeridos, como el bloqueo nocturno, la restricción de acceso por edad, el límite al scrolling y al tiempo en pantalla, etc. Para el fiscal general de Nuevo México, la situación es similar a lo que sucediera en décadas pasadas con las tabacaleras, cuando si bien "las restricciones no quebraron al tabaco, lo encarecieron y lo obligaron a operar bajo vigilancia permanente".
El fallo de un jurado en California que -en marzo pasado- declaró culpables a Meta y YouTube de generar adicción en sus usuarios fue un punto de inflexión, al forzar a las grandes empresas tecnológicas a responsabilizarse por los contenidos de sus plataformas y responder por las promesas hechas en torno a la protección de datos y cuidado de los menores.
Sin embargo, atribuir los problemas de salud mental de los menores y otros trastornos sociales solo al uso de las redes sociales parece excesivo. Es atendible la preocupación generalizada por los efectos nocivos que el uso temprano y excesivo de las redes sociales tiene en el desarrollo de la personalidad y en los comportamientos sociales. Pero esperar que con los cambios exigidos a las empresas tecnológicas se terminen los riesgos puede ser ilusorio. Nada exime de sus propias responsabilidades a los padres y a los educadores, quienes tienen un rol ineludible en la enseñanza del uso de tecnología. La experiencia de Australia -primer país en prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, con resultados discutibles- indica que la tarea de prevenir riesgos y tomar resguardos no solo corresponde a las plataformas, sino al núcleo familiar y a la escuela, con padres atentos y profesores capacitados.