Estrategia fallida

Como era previsible, la permanencia en el cargo del ministro de Justicia, Fernando Rabat, no ha hecho sino extender la crisis política por la que atraviesa el Gobierno y tensionar innecesariamente la relación con los partidos y parlamentarios oficialistas. Lejos incluso de marcar distancia del conflicto, el Presidente Kast dio el viernes una nueva señal pública de respaldo a su ministro, al encabezar juntos el izamiento de la Gran Bandera Bicentenario, por el aniversario de Gendarmería.
Detrás de la decisión del mandatario de no hacer cambios e involucrarse personalmente en la situación, estaría la pretensión de marcar un punto político para afirmar la autoridad presidencial -no dejarse presionar ni pautear por terceros- y lo que considera un deber de lealtad con un secretario de Estado, de destacada trayectoria, que va a ser objeto de una infundada acusación constitucional.
Parece, sin embargo, no prestarse la debida atención a que esta decisión presidencial está teniendo altísimos costos en su aprobación, y lo que es más preocupante, le está produciendo una profunda desconexión con la ciudadanía, precisamente en un tema -el de la seguridad y el combate contra la delincuencia- que como ningún otro estuvo en el centro de las razones que lo llevaron a ganar la elección. De paso, paradójicamente, se produce el efecto contrario al buscado: la pérdida de confianza ciudadana termina por debilitar la autoridad presidencial, facilitando así los descuelgues de parlamentarios en las más diversas materias. Y es que luego de que el mandatario reconociera la existencia de un error en este episodio de la rebaja de penas en caso de delitos sexuales contra menores, a cualquiera le debiera resultar incomprensible que el ministro siga en sus funciones y se le confiera a él la tarea de buscar una solución para que hechos como estos no se repitan.
Incluso, si se analiza la situación personal del ministro Rabat, todo hace pensar que su mantención en el cargo no solo hace más viable que prospere una acusación en su contra, sino que lo expone a un escenario en que seguirá siendo blanco de recriminaciones, ataques y quedarán en evidencia algunas contradicciones frente a las cuales no tiene respuestas que hagan sentido a quienes las escuchan.
Lo sucedido en los últimos días es una buena prueba de ello. Hace dos semanas, el ministro sostuvo que había decidido modificar el criterio de sus antecesores y el que había seguido él mismo en los primeros meses, argumentando que existía "una jurisprudencia constante en el tiempo que avala que determinada legislación ya no la puedo aplicar con efecto retroactivo", y expresó que este cambio se produce "cuando llega el resultado de los recursos de amparo y advierto que hay una doctrina asentada de la Corte Suprema, en el sentido de considerar esta materia un derecho para los condenados". Pues bien, distintas publicaciones de prensa -incluso algunas con datos del propio Ministerio de Justicia- han mostrado una situación distinta, particularmente este año 2026, en que se aprecia que aumentan significativamente los casos en que la Corte Suprema y otros tribunales frenan las rebajas de penas tratándose de delitos sexuales contra menores.
¿Qué sentido tiene entonces que el ministro y el Gobierno se empecinen en sostener un discurso que no se hace cargo de la realidad existente cuando se decidió cambiar el criterio? En otros casos, en los cuales podrían eventualmente existir mejores argumentos en defensa de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia, como son los decretos de rebajas de penas tratándose de otros delitos distintos a los sexuales contra menores -no están comprendidos dentro de la excepción contenida en la ley de 2022-, el daño a la credibilidad ministerial probablemente ha incidido en la falta de una explicación suficiente acerca de lo sucedido. Así, cualquier crítica o denuncia que se haga, tenga o no sustento, queda sin una debida respuesta, con el consiguiente daño a la imagen del Gobierno.
Gira presidencial y CodelcoOtros asuntos relevantes ocurridos esta semana han quedado de cierta forma eclipsados por esta crisis política. Cabe resaltar por ello una gira presidencial impecable a España, Italia y el Vaticano, en que el mandatario logra desplegar su mejor versión de figura de Estado, marcando nuevamente una notable diferencia, no solo con la gestión en política exterior de otros presidentes de la región respecto de los cuales puede tener cierta sintonía ideológica, sino con la del expresidente Boric. Hace unos días, Kast felicitó telefónicamente a Lula la misma noche de su victoria y le confirmó de inmediato su asistencia a la ceremonia de enero, Boric, en 2023, demoró dos días antes de hablar con Javier Milei, luego de ser este elegido Presidente de Argentina, y tres en anunciar que iría al cambio de mando.
Lo sucedido en la junta extraordinaria de Codelco, transmitida públicamente, también es trascendente. A raíz de las graves "irregularidades" y "engaños" detectados, el Gobierno, como representante de todos los chilenos, ha querido enviar una potente señal de que estas situaciones no se permitirán y que esta empresa no puede seguir operando como hasta ahora. Ha habido, sin embargo, una tímida reacción de la izquierda, la que contrasta cuando hechos de igual o menor entidad alcanzan a empresas privadas.