Colombia: las lecciones de un acuerdo fallido

El Acuerdo nació cojo cuando una parte de los integrantes del secretariado de las Farc retomaron las armas.
El Consejo de Seguridad de la ONU limitó el mandato de su Misión de Verificación en Colombia, a petición del embajador Gaona, representante de nuestro país. Más significativa aún fue su intervención con la cual derrumbó la idea de un acuerdo de paz colombiano modelo para el mundo. Para muchos, esto no fue ningún descubrimiento. Ciertamente, el diseño del Acuerdo era innovador: poner a las víctimas en el centro de la negociación y desmovilizar a un grupo armado a cambio de garantizarle participación política y un juicio justo sin impunidad. Pero no hubo tal. El Acuerdo nació cojo cuando una parte de los integrantes del secretariado de las Farc retomaron las armas. Peor cuando se les premió acogiéndolos a un nuevo proceso de paz con Petro. Por ello, de los cuatro pilares del acuerdo —verdad, justicia, reparación y no repetición—, el último nunca se cumplió. Sabemos que los firmantes del Acuerdo colaboraron en el escape de ‘Santrich’ aduciendo su "entrampamiento" y facilitando así el nacimiento de las llamadas "disidencias" que nunca dejaron de delinquir. Se dijo que la deficiente implementación del Acuerdo había abonado el terreno para la reincidencia. De ser cierto, la ‘paz total’ de Gustavo Petro hizo el resto, fortaleciendo y expandiendo estas organizaciones delictivas reincidentes. Pero de los tres pilares restantes —verdad, justicia y reparación—, tampoco se cumplió ninguno. Empecemos por que el Acuerdo resultó incapaz —o no quiso— castigar la ocultación por las Farc de sus rentas criminales. Se estima que este cartel declaró 42.000 millones de pesos de un patrimonio que superaba los cientos de miles de millones, convirtiendo este ejercicio en un gran lavadero de activos. Más aún, en el diseño mismo del Acuerdo se eximió a las Farc de reparar a las víctimas. Con el argumento de que eran muchas, se le trasladó esa responsabilidad al Estado, es decir, al contribuyente, dejando a las víctimas con reparaciones solo simbólicas. Al omitir darle a la JEP la competencia para tasar daños y condenar al pago de las reparaciones, los exjefes guerrilleros no tuvieron que indemnizar a nadie y salvaron sus riquezas mal habidas. Tampoco hubo verdad. Los jefes negaron delitos gravísimos, como el abuso sexual y la violación de menores, faltaron a la colaboración entregando sus rutas del narcotráfico y a la rendición de información sobre sus antiguos socios criminales. Pero, a pesar de todas estas violaciones del Acuerdo, la JEP les mantuvo los beneficios, cuando debían perderlos. Sin no repetición, sin reparación y sin verdad, las víctimas de las Farc estuvimos esperando pacientemente que por lo menos las sentencias de la JEP impartieran justicia. Pero la JEP terminó enviando una señal peligrosa a la delincuencia al expedir sanciones irrisorias contra los jefes de las Farc: quedó claro que, bajo este esquema, cuanto mayores son los crímenes y las riquezas acumuladas, mayores son las posibilidades de obtener impunidad, poder político y poder económico. Es cierto que el fracaso del Acuerdo no explica por sí solo el auge de la inseguridad en Colombia. La ‘paz total’ ciertamente ayudó a debilitar aún más la respuesta estatal frente a la delincuencia. Pero el Acuerdo estableció el marco de impunidad que originó el descalabro actual. Por eso, y sin querer desconocer el esfuerzo de muchos y el sacrificio generoso de las víctimas, es cierto que el Acuerdo no puede presentarse hoy como modelo para el mundo, ni por su espíritu que quedó truncado, ni por su diseño ni por su ejecución. Su verdadero valor reside ahora en la capacidad que tengamos de presentar las evidencias y el diagnóstico sobre lo sucedido, para que otros países no repitan nuestros errores.
SU ESPÍRITU QUEDÓ TRUNCADO
Íngrid Betancourt Pulecio