Preocupación por Hong Kong

La jefa del Poder Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el miércoles el retiro definitivo del controvertido proyecto de ley de extradición que desató las masivas protestas que vienen teniendo lugar desde junio en esa región administrativa especial de China. La iniciativa -que buscaba permitir que imputados de delitos pudieran ser juzgados por la justicia continental- era vista por sus opositores como un intento por socavar las libertades públicas e intimidar y perseguir a los críticos de Beijing. Cabe recordar que, en virtud de los acuerdos de devolución suscritos con el Reino Unido, Hong Kong goza de un estatuto especial, el que regirá hasta 2047 bajo la lógica de "un país, dos sistemas", lo que permite la existencia de distintos partidos políticos y una amplia carta de derechos, incluida la libertad de expresión.
Pero aunque el referido proyecto fue el que motivó las protestas, no es claro que su retiro vaya a calmar ahora la situación. En el intertanto, el movimiento ha adquirido una fuerza inusitada y el tema de la extradición ha pasado a ser solo una de cinco demandas centrales, las que incluyen la creación de una comisión para investigar el uso de la fuerza policial en la represión de las protestas, el retiro de los cargos contra los detenidos, el término de la calificación de "disturbios" para las manifestaciones y la elección de la autoridad ejecutiva por sufragio universal (actualmente, lo hace un comité donde los cercanos a Beijing gozan de mayoría). De hecho, aunque Lam ha formulado llamados al diálogo, los disidentes desconfían de las reales intenciones del gobierno, estimando que el paso anunciado puede ser solo una maniobra para descomprimir la situación. Por eso, las convocatorias a protestar no han sido revocadas.
Es claro que la situación en Hong Kong ha entrado en una espiral de tensión que hace cada vez más difícil hallar una salida a la crisis. En especial porque el aumento de la represión policial y las detenciones de líderes de la insurrección han ido acompañados también de una subida en el tono de las protestas, con episodios violentos de sectores minoritarios. Existen razones para mirar la situación con inquietud. Ya en 1997, cuando se concretó la devolución del territorio a Beijing, parecía compleja la subsistencia del particular modelo acordado con el Reino Unido. Con todo, había quienes apostaban a que la evolución de China hacia un esquema de desarrollo capitalista significaría también una progresiva apertura política que facilitaría el proceso. Hoy, sin embargo, existe mayor escepticismo al respecto y aunque el mundo reconoce el derecho chino a defender su integridad territorial, observa con preocupación la persecución a los opositores y el riesgo de acciones de fuerza.
En una arista inesperada, la situación también ha tenido repercusiones en Chile, a raíz del encuentro que tuvieron en Hong Kong los diputados chilenos Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Jaime Bellolio (UDI) con el activista prodemocracia Joshua Wong. Se trata este de un joven de 22 años que ha adquirido renombre internacional e incluso ha sido entrevistado por este diario, donde ha manifestado su decepción ante lo que califica como el fracaso del señalado principio "un país, dos sistemas". En una intervención inusual, el embajador de China criticó con dureza al parlamentario UDI por haberse reunido con Wong -a quien calificó como un "matón social"- y acusó al diputado de "difamar y calumniar" a China, señalando su expectativa de que "pueda trabajar más para el pueblo de su distrito" .
Se trata de declaraciones que han llamado justificadamente la atención. Chile y China han desarrollado una relación rica y provechosa, sustentada en la existencia de un amplio campo de intereses comunes y de ámbitos de cooperación, así como en el respeto mutuo y el reconocimiento de las legítimas diferencias. La gestión diplomática -con lazos ininterrumpidos durante los últimos 50 años, con gobiernos de muy distinto signo político- ha contribuido decisivamente a profundizar esa relación y está llamada a seguirlo haciendo. En ese contexto, dicha gestión ha de reconocer también el derecho de los integrantes de los poderes de cada Estado para ejercer sus funciones propias y expresar sus legítimas diferencias, así como su preocupación por valores como el de la vigencia universal de los derechos humanos en todo el mundo, incluida China, tal como acertadamente lo ha expresado el diputado Bellolio.