Con fecha la reforma al impuesto de la propiedad

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó el pasado viernes un plan fiscal que requiere al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) vender deudas contributivas, actualizar su registro de direcciones y tan pronto como en los meses de agosto y septiembre próximos, revisar las propiedades que han construido piscinas y efectuado otras mejoras al hogar para comenzar su cobranza.
El objetivo es allegar al menos $1,970 millones en nuevos recaudos al CRIM en los próximos años. El objetivo es aliviar la condición fiscal de los municipios y compensar la eventual pérdida del Fondo de Equiparación contemplada en el Plan Fiscal del gobierno central.
Pero a su vez, esas medidas temporales, crearían las condiciones para una reforma más amplia del impuesto a la propiedad. Esa reforma crearía un sistema de valoración de mercado actual, en lugar, de continuar con la fórmula vigente que determina el impuesto en función del valor de la propiedad en el año 1957, tendría menos tratos preferentes y nuevas tasas impositivas. La revisión de las exoneraciones e identificar el nuevo sistema de tasas debe estar listo entre enero y junio del año entrante.
Aunque a preguntas de Negocios, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, reconoció que la trayectoria del gobierno en la administración de este impuesto no ha sido efectiva, aseguró que las proyecciones son factibles.
Unos $400 millones de los nuevos recaudos vendrían de la venta de las deudas que el CRIM no ha logrado cobrar en años y que ya suman unos $700 millones, explicó Jaresko.
El plan fiscal del CRIM certificado requiere a la dependencia completar dicha transacción en la primera mitad del 2022, luego de que la agencia y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el CRIM no cumplieran con el plazo inicial. A pesar de que en el 2019, el CRIM negó a este diario que fueran a venderse las cuentas por cobrar de la agencia, cuando se contrató a la firma Garnet Capital sin un proceso de competencia, la JSF había requerido que ello se efectuara a más tardar en noviembre del año pasado.
Otros $466 millones vendrían del proceso de corrección de direcciones postales para que el CRIM pueda emitir las facturas de cobro a los propietarios. La diferencia para conseguir los nuevos recaudos vendría del registro de unas 239,525 nuevas propiedades y aumentar la tasa de captación entre las propiedades que ya pagan impuestos.
El año fiscal pasado, el CRIM recaudó unos $649 millones en impuestos a la propiedad inmueble y otros $431 millones en propiedad mueble, lo que incluiría el llamado impuesto al inventario. A esas cifras se suman unos $132 millones de transferencias del gobierno central, $17 millones de la Lotería y $2 millones de ingresos operacionales para unos $1,231 millones. Para el año fiscal en curso, el CRIM proyecta unos $47 millones adicionales por más recaudos, en especial, a través del impuesto a la propiedad.
"No creo que sea tan agresivo incluir las direcciones correctas", dijo Jaresko al agregar que, en ese renglón, el estimado de recaudos descansa en 80%.
Según el plan fiscal del CRIM, el sistema de facturación de la agencia tenía unas 197,782 propiedades con la dirección incorrecta y como resultado, sus propietarios no han pagado los impuestos correspondientes. El año pasado, tras un acuerdo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para corroborar direcciones, también se llegó a acuerdos con el Departamento de Hacienda para maximizar las estrategias de recaudación. Hasta ahora, el CRIM ha actualizado unas 45,419 direcciones y el proceso debe continuar por los siguientes dos años fiscales.
"Francamente hablando, tasar y facturar todas esas nuevas propiedades es lo justo. Por qué las personas con propiedades viejas pagan (el impuesto a la propiedad) y las personas con una nueva propiedad no tienen que pagar. Eso no hace sentido. Así pues, obtener $500 millones de eso es muy factible", agregó la ejecutiva al señalar que de implementarse tales acciones no habrá necesidad de cambiar las tasas sobre el impuesto a la propiedad.
"El CRIM debe facturar el 25% de las propiedades nuevas para agosto de 2021", reza el plan certificado por la JSF durante la vigésimo séptima reunión pública del organismo fiscal y donde también se certificó el plan fiscal del gobierno central para el año 2021.
Dos meses más tarde, el CRIM tendría que facturar otro 25% y a más tardar para marzo de 2022, haber facturado el 75% de todas las propiedades nuevas, reza el documento. Solo esa gestión debe generar por lo menos $80 millones en el año fiscal 2021-22.
"Más aún, bajo el Código Municipal, el CRIM puede cobrar hasta cinco años de impuestos de manera retroactiva lo que, de implementarse, generará ingresos adicionales", agrega el documento.
Jaresko explicó que los nuevos objetivos de recaudación no son exclusivos del CRIM, pues la agencia entabla esfuerzos con diversas agencias y municipios para el cobro del impuesto y subrayó que ninguna de las medidas a implementarse requerirían legislación.
La idiosincrasia municipal
Aunque el plan fiscal del CRIM incorpora varias medidas adoptadas por la agencia como el tema de las direcciones, el problema de fondo es que la JSF no entiende la idiosincrasia de la jerarquía municipal y mucho menos, la gran diversidad que existe entre los municipios cuando de impuestos se trata, opinó Reinaldo Paniagua Látimer, director ejecutivo de la agencia.
En ese sentido, el funcionario criticó que la JSF tomara como referencia principal para sus propuestas el análisis efectuado hace unos dos años por dos consultores que antes trabajaron para el Tesoro de Estados Unidos.
Sobre todo, Paniagua Látimer indicó que la JSF ha perdido de vista que quien ha impedido el cobro efectivo del impuesto a la propiedad es el propio estado.
A manera de ejemplo, según el funcionario, cada vez que el estado busca atraer una empresa, concede a esta no pagar el impuesto a la propiedad o excluirle parcialmente de esa responsabilidad.
A ello se suma, según Paniagua Látimer, que hay municipios donde ni siquiera habría suficientes propiedades para cobrar el impuesto y de esa manera, compensar la pérdida de fondos estatales que se avecina. Explicó que se trata de propiedades exoneradas o porque el valor de estas no allegaría los recaudos necesarios para asegurar la prestación de servicios por parte de los ayuntamientos.
Una coladera sin mucho remedio
Según el plan fiscal certificado, en Puerto Rico hay aproximadamente 1.5 millones propiedades. El CRIM tiene en sus libros poco más de 1.3 millones de propiedades valoradas en unos $19,400 millones.
Pero aparte de las propiedades fuera del sistema, estimadas en 239,525, las registradas gozan de tantas exenciones que la porción sujeta a tributación es mínima.
Del valor aproximado total, el 58% o unos $11,300 millones están exonerados o libres de pagar impuestos, independientemente de que se trate de propiedades de alto costo o de interés social.
En promedio, las propiedades residenciales tienen una tasa de exención promedio de 94%.
De acuerdo con el Código Municipal y el plan fiscal del CRIM, las propiedades residenciales pueden gozar de exenciones según su dueño. Aparte de la exoneración general de los primeros $15,000 del valor sujeto a tributación, en un país que envejece, las propiedades cuyos dueños son personas de edad avanzada no pagan impuestos. Tampoco aquellas, cuyo dueño es incapacitado. Los veteranos, las viudas de veteranos o veteranos incapacitados tampoco pagan impuestos por sus residencias.
Mientras, como resultado de tratos contributivos otorgados mediante otras leyes, las propiedades industriales y de negocios también gozan de exenciones. Como resultado, el año fiscal pasado, el CRIM dejó de ingresar unos $297.9 millones de manos de almacenes, compañías farmacéuticas, hoteles y negocios relacionados, compañías industriales y otro tipo de industrias y negocios.
La tasa de exención promedio en propiedades comerciales, industriales y vacantes ronda 77.7%, 88.6% y 97.1%, respectivamente.
Inaplazable un nuevo régimen
"Todo lo que quiere hacerse va a requerir legislación", aseguró Paniagua Látimer al reconocer que el sistema también es objeto de alta evasión contributiva, sea por propiedades con usos distintos a los registrados o por tasaciones no actualizadas.
Aparte de las medidas para allegar nuevos recaudos, el plan fiscal certificado del CRIM incluye las exigencias de la JSF para que Puerto Rico reduzca el número de exenciones y exoneraciones vigentes y reforme el sistema de valoración que da pie al impuesto sobre la propiedad.
De acuerdo con el funcionario, los esfuerzos del CRIM se centran en aumentar la base contributiva y no en cobrar impuestos de manera retroactiva -como plantea el plan- o que se aumenten las tasas, una prerrogativa que solo poseen los municipios.
De acuerdo con la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Rosa Rodríguez, por años, la organización profesional ha abogado por cambios en el régimen contributivo sobre la propiedad.
Pero los cambios, dijo Rodríguez, trascienden asuntos como por ejemplo, la tasa a cobrarse.
Si bien en tiempo reciente, el énfasis del sector privado ha estado en el impuesto al inventario, Rodríguez sostuvo que una revisión a la propiedad inmueble podría servir para dar una mirada amplia a todos los impuestos e incentivos que se otorgan en Puerto Rico.
"Una revisión del impuesto a la propiedad permitiría hacer otros ajustes que son necesarios en el impuesto al consumo y sobre todo, en la contribución sobre ingresos. Esa debería ser la aspiración", sostuvo Rodríguez.
Aunque el plan apuesta a conseguir fondos mediante la venta de deudas contributivas, la contadora pública puso en duda que el CRIM pueda cobrar buena parte de ese dinero, debido a la situación económica y la situación que encaran muchos negocios en Puerto Rico.
Panigua Látimer y Rodríguez coincidieron en que el sistema actual de tributación sobre los inmuebles es bajo.
Pero de inmediato, Rodríguez indicó que si el objetivo es ampliar la base contributiva, ello -por fuerza- requerirá que se reduzcan la tasas impositivas.
De igual forma, sería necesario revisar la exoneración general de $15,000, un beneficio que se otorga independientemente del valor de la propiedad residencial. Esta ha permanecido inalterada por casi 30 años.
Al presente, al igual que en otros temas, cada municipio determina su tasa impositiva, un asunto que también debería atenderse, opinó el presidente del comité de Asuntos Contributivos del CCPA, Nelson Maldonado.
"Reducir el costo del contribuyente en el proceso de tramitación y facilitar que las empresas no tengan que lidiar con 78 estructuras diferentes, con las decisiones de 78 asambleas legislativas diferentes es necesario", manifestó Maldonado.
De acuerdo con Maldonado, la renuencia a examinar el impuesto a los inmuebles es lo que ha dilatado que se tome acción en otros frentes como en el inventario a la propiedad.
Maldonado catalogó como un paso en la dirección correcta, los esfuerzos para que aquellas propiedades que no tributan lo hagan, en especial, si ello resulta en una reducción en las tasas pues se avanzaría en el objetivo de contar con un sistema "más equitativo".