"En Colombia, la Constitución de 1991 listó sueños sin asegurarse de exigirle a la sociedad que también se pusiera de acuerdo en cómo hacerlos viables"

"En Colombia, la Constitución de 1991 listó sueños sin asegurarse de exigirle a la sociedad que también se pusiera de acuerdo en cómo hacerlos viables. Esa es una tensión permanente y en lo concreto se refleja en un desbalance fiscal que se ha convertido en permanente y que conlleva enormes dificultades para el país". La advertencia es de la economista colombiana, PhD de la Universidad de Maryland, Marcela Eslava, quien es profesora y decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en Bogotá.
Ad portas de que se instale la Convención Constituyente en Chile, que tendrá la misión de redactar la nueva Carta Magna, es precisamente Colombia uno de los países de Latinoamérica que ya enfrentó dicho proceso. A través de una Asamblea Constituyente, compuesta de 70 miembros democráticamente elegidos, elaboró la Constitución de 1991 que consagró los derechos básicos de los ciudadanos, así como también económicos, sociales y colectivos. Y para garantizar su cumplimiento creó una institución: la Corte Constitucional.
"La Constitución de 1991 representó un avance para el país en múltiples aspectos. Sembró las bases que permitieron que hoy tengamos una cobertura prácticamente universal en salud; garantizó múltiples derechos adicionales e inauguró la independencia del Banco Central", enumera la experta.
Sin embargo, Eslava advierte que la Carta Magna falló en atar las nuevas obligaciones del Estado a fuentes de financiación suficientes o mecanismos institucionales para lograrlas.
"Es un contrato social que se quedó cojo: listó una serie de derechos que el Estado debía garantizar, pero no proporcionó los medios para conseguirlos, ni logró concientizar a la sociedad de que esos medios son indispensables para alcanzar la meta de la garantía de derechos", precisa la experta.
Agrega que debido a lo anterior, y también a lo que ella denomina una incapacidad de los gobiernos subsiguientes en superarla, "tenemos una muy difícil situación fiscal y una sociedad que busca apoyarse en aún mayor gasto público para disminuir su tremenda desigualdad, pero no consigue apoyo para iniciativas de ajuste tributario que puedan financiar lo necesario".
Eslava va un paso más allá en su análisis y, aunque precisa que no fue la raíz profunda de la actual crisis social, económica y política que vive hoy su país, el gatillo que la disparó fue la propuesta de una reforma tributaria que era necesaria y "que se deriva de ese desbalance que tenemos entre lo que queremos hacer y cómo lo hemos buscado financiar". Y sentencia: "en Colombia estalló la olla a presión y su detonante fueron las presiones fiscales, que tienen su raíz en la Constitución de 1991".
Equilibrar los derechos individuales con el derecho colectivo de tener una economía sana
A juicio de Marcela Eslava, la Constitución del 91 generó una serie de costos, al plasmar la exigencia del cumplimiento y garantía por parte el Estado de una serie de derechos, que necesariamente generan más gasto fiscal, con los que el país no ha sabido lidiar de manera adecuada.
"El frente donde veo peligro es que al ser una Constitución muy garantista, dejó plasmado que el gobierno debía garantizar el bienestar, y esa es una expresión y una carga muy compleja de cumplir. Es ahí donde hemos tenido dificultades, y la judicialización vino como consecuencia de que la Constitución estipula que hay que cumplir esos derechos".
Lo anterior, puntualiza, ha generado grandes necesidades de financiamiento externo, que hacen muy vulnerable al país a la hora de enfrentar una crisis.
"Es parte de lo que nos está pasando hoy y parte de lo que ocurrió en 1998, cuando enfrentamos otra crisis fiscal y macroeconómica grande. Ambas crisis tienen un pedacito que se deriva del hecho de que tenemos un Estado sin suficiente financiamiento y depende mucho del sector externo. Desde el punto de vista económico, ese es el efecto negativo más grande. Pero eso no quiere decir que considere que la Constitución de 1991 fue nefasta para la economía ni mucho menos, pero ese desbalance sigue sin solución", reflexiona.
En Colombia el aparato judicial y la Corte Constitucional garantizan el cumplimiento de los derechos, pero -analiza la economista-, nada en la Carta Fundamental plantea que se deben cumplir a la luz de lo que es razonable y con los recursos disponibles y que ese esfuerzo no vaya en contra de la disponibilidad de recursos y que terminen empobreciendo a la economía.
"Le pusimos un parche a esa herida en el 2010 con una acto legislativo, que es una adición a la Constitución, que estipula también como derechos fundamentales la estabilidad fiscal y macroeconómica. Se buscaba con eso que el aparato judicial estuviera obligado a dar ese balance. Ha sido una herramienta, pero insuficiente, a la luz de lo que ya era una cultura judicial de simplemente exigirle al Estado el cumplimiento de determinados derechos", aclara.
La experta señala que lo anterior es una alarma para Chile y que es importante asegurarse que los dos lados, "el de los deseos y el de la viabilidad", se contemplen en una Carta Fundamental y que equilibre los derechos individuales con la garantía del derecho colectivo que es tener una economía sana, algo que -según ella- hizo falta en el caso colombiano.