El reto de la gestión del riesgo de desastres

Por elsaGalarza

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Nuevamente somos testigos de que el cambio climático está generando eventos naturales, cada vez más frecuentes e intensos, y con características diversas en varias regiones del país. Nuevamente vemos la vulnerabilidad de la población, con gran exposición a peligros, y con una muy limitada capacidad para recuperarse del impacto. Nuevamente sufrimos desastres que son básicamente riesgos que no hemos sabido manejar. Esta situación revela, una vez más, que el país tiene problemas de gestión, en este caso, de la gestión del riesgo de desastres (GRD).

¿Qué es la gestión de riesgos de desastres? Básicamente, es el conjunto de medidas orientadas a reducir la probabilidad de que ocurran daños producidos por fenómenos naturales adversos.

Esto se logra mediante la prevención o la reducción de las amenazas y la vulnerabilidad y también involucra acciones para la atención de las emergencias.

Parece que en el caso peruano se pone especial énfasis a la atención de la emergencia, probablemente porque esta permite la visibilidad a las autoridades políticas, mientras que la prevención es una actividad silenciosa que no promueve el reconocimiento inmediato de la población.

Sin embargo, el gasto destinado a la respuesta y a la reconstrucción se va a ver socavado por el impacto negativo a la economía en general, el daño a la infraestructura, la destrucción de empresas y negocios, la reducción de los ingresos tributarios y el aumento de los niveles de pobreza.

¿Qué es lo que limita realizar una gestión efectiva de riesgos de desastres? En primer lugar, la perspectiva territorial y sectorial de la GRD imponen requerimientos de estudios y planes a los gobiernos subnacionales y a las entidades prestadoras de servicios públicos que exceden sus capacidades. Esto, además de tener normativa incompleta, como la relacionada a la infraestructura de drenaje pluvial.

En segundo lugar, la deficiente coordinación de los actores de alcance nacional, que genera que los gobiernos locales tengan que articular múltiples requerimientos complejos y, en ocasiones, contradictorios entre sí. Los requerimientos incorporan un nivel de complejidad tal que hace que los recursos humanos, técnicos y financieros resulten insuficientes para su implementación.

En tercer lugar, los gobiernos locales no ubican a la reducción de vulnerabilidad y la GRD como prioridad. Dentro de la política de GRD, la prevención y la reducción de riesgos tampoco son abordadas con la debida importancia.

Finalmente, existen dificultades en el acceso e interpretación de información científica de base. Diferentes entidades del sector público han desarrollado sistemas de información georreferenciada que facilitan el entendimiento y la prospectiva de los peligros, pero aún no existe interoperabilidad y la información no es accesible al tomador de decisiones local. No repitamos los errores, aprendamos la lección de una vez. El costo es demasiado alto para nuestra sociedad.