El ataque a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación es un nuevo episodio en una escalada que no parece tener freno. Es la muestra de cómo ciertos sectores delictivos han perdido todo respeto por las autoridades. La respuesta no puede ser tibia ni contemplativa. El estado debe poner a su aparato represivo a funcionar, sin pedir disculpas, y asegurarse de que este tipo de afrentas no se vuelva a repetir. Mientras, el ministro Negro sigue planificando para el 2027...