La Nación, Costa Rica
17 de noviembre de 2025
Los sectores productivos deben asumir su rol como los entrevistadores técnicos para quien ocupe la presidencia en el próximo periodo, deben exigir planes concretos, datos y realismo.
Costa Rica se encuentra nuevamente inmersa en el ruido y la efervescencia de una campaña electoral. Como es costumbre, el aire se llena de promesas grandilocuentes. Sin embargo, para los sectores que mueven la aguja de la economía nacional, este ciclo no puede ser un ejercicio de escucha pasiva. El motor productivo del país tiene la obligación de elevar el nivel del debate.
Hemos caído en una trampa de complacencia. Históricamente, nuestros gremios y cámaras empresariales se han limitado a organizar debates, escuchar propuestas y, en el mejor de los casos, aplaudir al candidato que mejor articula las palabras "competitividad" o "reactivación". Este enfoque ha demostrado ser profundamente insuficiente.
Escuchar las mismas promesas vacías, carentes de sustento técnico y hojas de ruta claras, es un lujo que ya no podemos darnos. El país no necesita más promesas sin sustento; necesita soluciones viables, financiadas y realistas.
La responsabilidad del sector productivo en esta coyuntura trasciende el simple acto de escuchar. Debe transformarse en un ente activo de cuestionamiento y análisis riguroso.
Cuando un candidato les promete "mejorar la infraestructura", el sector debe preguntar: ¿Cómo? ¿Con qué fondos? ¿Cuál es el cronograma y la forma del financiamiento? ¿Qué modelo de gestión se utilizará y cómo se blindará de la corrupción y la ineficiencia?
Cuando otro les ofrece "recuperar la seguridad", la pregunta debe ser: ¿Con qué estrategia? ¿Cuál es el plan de fortalecimiento policial, de inteligencia y de prevención? ¿De dónde saldrá el presupuesto sin desequilibrar aún más las finanzas públicas?
No basta con el análisis interno. La verdadera labor de liderazgo de estas organizaciones consiste en traducir y explicar a sus miembros —desde el gran empresario hasta el pequeño comerciante— las ventajas y desventajas reales de cada propuesta. Deben tener la valentía de señalar cuáles iniciativas tendrían un impacto positivo tangible y cuáles son, francamente, demagogia o humo.
Los reportajes de El Financiero que compilan las demandas de siete cámaras empresariales deben entenderse como una radiografía de las fracturas estructurales que aquejan al país. Por eso, desde el punto de vista de los aspirantes presidenciales, es importante que su evaluación no se haga desde un simple pliego de peticiones sectoriales.
Hacer menos que esto no solo es funcionalmente irresponsable, sino que va en contra del espíritu democrático que tanto enorgullece a Costa Rica. Una democracia no se nutre de fe ciega, sino de escepticismo informado. Un sector productivo pasivo fomenta un electorado desinformado.
La principal valoración que emerge de nuestras publicaciones es la necesidad de este ejercicio. En una democracia consolidada como la costarricense, con una larga y probada trayectoria de diálogo social, es fundamental que los sectores empresariales se manifiesten con claridad, contundencia y especialmente con sensatez.
El silencio o la negociación no benefician al debate público. Por el contrario, la campaña electoral es el periodo ideal para esta discusión. Es el momento en que la sociedad entera pone sobre la mesa sus problemáticas y exige soluciones.
Las consecuencias de fallar en esta tarea son evidentes y dolorosas. Las hemos vivido. Apoyar, por acción u omisión, a una persona candidata que basa su campaña en la retórica y no en la viabilidad, nos ha llevado a gobiernos incapaces de resolver los problemas estructurales.
Peor aún, nos ha conducido a administraciones que los agravan. El evidente desmejoramiento de nuestra infraestructura vial, que nos resta competitividad cada día, no es una casualidad. El alarmante deterioro de la seguridad ciudadana, que golpea tanto a las personas como a las operaciones comerciales y aumenta de manera importante los costos de operaciones de negocios grandes y pequeños, como hemos mostrado en ediciones anteriores de El Financiero, es el resultado directo de la inacción y malas decisiones de políticos a quienes la ciudadanía les dio el voto.
Dentro de este ejercicio de manifestar las principales necesidades llama la atención la discrepancia en el frente de la seguridad. Mientras la ciudadanía la identifica como su preocupación número uno y el país vive una crisis de violencia, los reportajes revelan que de las cámaras consultadas menos de la mitad priorizaron ese tema. Aunque Cadexco, Canatur y Detallistas la señalaron la inseguridad como un freno económico directo —afectando la logística, la reputación turística y la operación diaria—, su ausencia en el discurso de otros gremios es notoria.
No podemos permitirnos un cuatrienio perdido en un momento en que perdemos cada vez más competitividad frente a vecinos como Colombia, República Dominicana o Panamá. Esta campaña no es un concurso de popularidad; es la entrevista de trabajo más importante del país. Los sectores productivos deben asumir su rol como los entrevistadores técnicos, exigiendo planes concretos, datos y realismo. De ese rigor depende, en gran medida, la viabilidad futura de nuestro clima de negocios y nuestra estabilidad social.