La bandeja envenenada

La Contraloría General de la República confirmó esta semana lo que este diario viene advirtiendo desde hace meses: el gobierno saliente deja un hueco fiscal de casi $27 billones en el presupuesto de 2026. La meta de recaudo se fijó en $321 billones, pero la revisión del Plan Financiero la ajustó a 291 billones, un desfase que obligará al gobierno de Abelardo De La Espriella a recortar gasto apenas llegue al poder el 7 de agosto. A eso se suma que los ingresos resultaron $25,4 billones por debajo de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, y que sectores como el transporte y la salud apenas ejecutan 10,8% y 9,4% de sus recursos con corte a junio pasado. Este no es un tropiezo aislado. Es la confirmación de un patrón: proyecciones de ingresos sistemáticamente optimistas que sirvieron para justificar niveles de gasto insostenibles, y que hoy le explotan en las manos al gobierno entrante. Ya lo vimos con la dependencia crónica de reformas tributarias y emergencias económicas para cuadrar cada vigencia. El problema no es un funcionario ni un cálculo puntual: es un diseño institucional que permitió que la política fiscal se ejerciera con márgenes de discrecionalidad demasiado amplios durante años. Por eso la discusión que debe abrirse no es solo sobre este gobierno que se va, sino sobre las salvaguardas que el país debió tener y no tuvo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha hecho un trabajo de análisis y guía fabuloso, pero su capacidad real de incidencia es limitada: emite conceptos técnicos que el Ejecutivo puede desatender sin consecuencia legal alguna, como ocurrió repetidamente durante los últimos años cuando sus advertencias sobre supuestos de crecimiento e ingresos poco realistas fueron ignoradas en la construcción del presupuesto. Portafolio ha insistido en que ese diseño débil es funcional a cualquier gobierno que quiera flexibilizar la regla cuando le conviene, sin importar el signo político. Fortalecer al Carf con capacidad vinculante, con mecanismos automáticos de ajuste presupuestal cuando se detecten desviaciones significativas entre lo proyectado y lo ejecutado, debería ser prioridad legislativa inmediata del Congreso en julio. Lo mismo aplica para el Banrepública. Su independencia ha sido, hasta ahora, una fortaleza institucional envidiada en la región, reconocida por la banca internacional como ancla de la estabilidad macroeconómica colombiana en medio de choques externos y presión fiscal interna. Pero esa independencia depende en última instancia de que ningún gobierno logre, en dos ciclos electorales consecutivos, copar la Junta Directiva con mayorías afines y alinear la política monetaria a las urgencias fiscales del momento. No hemos llegado a ese punto, pero la vulnerabilidad institucional quedó expuesta durante los últimos cuatro años de tensión entre el Ejecutivo y el Emisor: nada en la ley impide hoy que ocurra en el futuro. Vale la pena revisar mecanismos como períodos escalonados más largos, mayorías calificadas para la remoción de codirectores o criterios técnicos más estrictos de elegibilidad, similares a los que protegen la autonomía de bancos centrales en Chile, la Eurozona o Nueva Zelanda. La lección de este episodio no puede ser solo indignación pasajera. Colombia tiene ahora, con el cambio de gobierno, una ventana política inusual para legislar sobre contrapesos fiscales sin que parezca un ataque partidista a nadie en particular. Dejar pasar esta oportunidad, y asumir que la amenaza contra el manejo fiscal responsable desapareció porque cambió el inquilino de la Casa de Nariño, sería repetir el mismo error de corto plazo que hoy estamos pagando.