Una vara distinta para medir
No deja de llamar la atención que varios dirigentes políticos e intelectuales que las han emprendido contra la reforma constitucional del Gobierno calificándola de "iliberal", apoyaran o se mantuvieran públicamente neutrales frente al plebiscito de la propuesta de la Convención.
Es notorio el intento de algunos de establecer el "iliberalismo" como un nuevo parteaguas de la realidad política chilena. Sectores de la oposición no disimulan el afán de usar este concepto para reordenar el cuadro político en una composición más favorable que ser percibidos como los partidarios del "apruebo" del controvertido proyecto de la Convención Constitucional. Así, la estrategia de la "unidad de toda la oposición" que proclama la izquierda más dura para inmovilizar a corrientes del Socialismo Democrático e impedir que puedan desplegar una identidad propia y más moderada frente al Gobierno, se complementa con la idea de una amenaza que justificaría moralmente esa acción colectiva. Pareciera que esta noción del "iliberalismo del Gobierno" -algo ambigua y difusa- podría instalarse con mayor facilidad que el intento de alertar sobre el riesgo para la democracia que representaría un gobierno supuestamente de "ultraderecha".
En este giro hay implícito un cierto éxito político para José Antonio Kast. Y es que a muchos sorprendió la apertura con que el mandatario conformó su gabinete y ha creado distintas comisiones para estudiar posibilidades de reforma, como también el tono poco confrontacional de sus declaraciones públicas, muy distintas, por cierto, a las de figuras políticas internacionales con las que suele comparárselo. De otro lado, el debate político dentro del oficialismo frente a un proyecto de seguridad mal diseñado que, más allá del propósito de quienes lo concibieron, en su forma actual compromete injustificadamente garantías fundamentales, muestra un correcto funcionamiento de los contrapesos internos de los partidos que lo sustentan y de muchos sectores de la sociedad civil que lo apoyan. El Gobierno se ha abierto a rectificar y llegar a acuerdos con parlamentarios de oposición -lo que naturalmente debe reflejarse en hechos concretos-, situación que aleja las peores intenciones que muchos en estos días le han adjudicado.
No deja de llamar la atención, sin embargo, que varios dirigentes políticos e intelectuales que las han emprendido contra la reforma constitucional del Gobierno calificándola de "iliberal" y de comprometer la democracia, apoyaran o se mantuvieran públicamente neutrales frente al plebiscito de la propuesta de la Convención Constitucional que, como señala hoy Juan Luis Ossa (nuevo director ejecutivo del CEP), "era sin duda iliberal".
Recordemos que, entre otras cosas, ese proyecto pretendía consagrar privilegios ciudadanos que se determinaban por el origen étnico o racial (se establecía la exigencia del consentimiento de los pueblos originarios para cualquier decisión del Estado que pudiera afectar sus derechos garantizados en la Constitución; se incluían sistemas de justicia indígena especiales; se incorporaban formas de representación neoestamentarias, asegurando anticipadamente cupos en las instituciones o agencias de la sociedad a un grupo escogido de colectivos, etcétera); se eliminaban o comprometían una serie de contrapesos necesarios (desaparecía el Senado como hoy lo conocemos, se limitaba la acción del Tribunal Constitucional y se creaba un sistema de justicia que lo dejaba más expuesto a la captura política o de intereses corporativos, etcétera); y, en general, se diseñaba un sistema político que profundizaba la ingobernabilidad y abría espacio al populismo (piénsese, por ejemplo, en la consagración de un Estado plurinacional acompañado de una serie de normas que concedían una indeterminada autonomía política, administrativa y financiera a entidades territoriales, o en la eliminación del estado de emergencia).
Hay aquí una vara muy distinta para juzgar uno u otro episodio que no puede pasar inadvertida.
Kast en el Foro de MadridComo era de esperar, la confirmación de la presencia del Presidente José Antonio Kast en el Foro de Madrid -se especula que estará también el Presidente de Argentina, Javier Milei- ha generado críticas de la oposición y ha abierto además una preocupación entre sectores del oficialismo. Más allá de la ironía de que la izquierda critique estas reuniones políticas -si de participación en instancias internacionales discutibles se trata, la izquierda chilena no está ciertamente en condiciones de lanzar piedras a nadie-, hay riesgos evidentes en la asistencia de Kast a una cita como esta, que en ediciones anteriores ha sido cuestionada por su estridencia, descalificaciones y posturas radicales de varios de quienes allí participan. Y es que los costos de cualquier exabrupto de alguno de ellos puede terminar pagándolos el propio mandatario chileno.
De ahí que sea importante que el Gobierno se maneje con prudencia y quede claro que esta no es una actividad del Estado de Chile ni una instancia que comprometa a sus autoridades. Especial atención habrá que poner en el contenido del discurso del Presidente Kast, que tiene la oportunidad de presentar ideas de un proyecto político serio, que se aleje del populismo y los extremos.